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El presente artículo describe la estructura de los impuestos, tasas y contribuciones de orden municipal, así como el diagnóstico del estado actual del Código de Rentas del municipio de Pupiales, con el fin de proponer una reforma al Código de Renta del municipio de Pupiales que contribuya al logro de la eficiencia en el recaudo de los tributos. La metodología que se aplicó fue soportada inicialmente por la recolección de toda la estructura legal y normativa en leyes, decretos reglamentarios, sentencias y jurisprudencia de cada uno de los tributos de carácter territorial, lo cual sirvió para realizar una hoja de trabajo comparativa entre el marco normativo nacional y local, dando como resultado muchas diferencias que el Código de Rentas en cuanto a estructura tributaria, tarifas, sanciones, legalidad y otros temas, no contemplaba o fueron mal determinadas. Las diferencias recolectadas fueron ordenadas y clasificadas mediante factores internos y externos, para estructurar la matriz DOFA y dar como resultado, las estrategias más recomendables al municipio de Pupiales en la aplicación de la propuesta del nuevo Código de Rentas para, finalmente, elaborar la propuesta de un nuevo Código de Rentas acorde a las necesidades fiscales del municipio, bajo los parámetros tanto legales como constitucionales. Abstract This article describes the structure of taxes, fees and contributions of municipal order in Pupiales, as well as the diagnosis of the current state of the Revenue Code, in order to propose reform of the Income Code that contributes to the achievement of efficiency in the collection of taxes. The methodology applied was initially supported by the collection of all the legal structure and regulations in laws, regulatory decrees, judgments and jurisprudence of each one of the territorial taxes; this served to create a comparative work sheet between the national and local regulatory framework, resulting in many differences that the Income Code in terms of tax structure, tariffs, sanctions, legality and other issues, did not contemplate or were badly determined. The differences collected were ordered and classified by internal and external factors, to structure the SWOT matrix and give as a result, recommendations to the municipality of Pupiales to, finally, develop the proposal of a new Revenue Code according to the fiscal needs of the municipality, under legal and constitutional parameters. Resumo Este artigo descreve a estrutura dos impostos, taxas e contribuições da ordem municipal em Pupiales, bem como o diagnóstico do estado atual do Código de Receita do município, a fim de propor uma reforma no Código de Renda, de modo a colaborar para a obtenção de eficiência na arrecadação de impostos. A metodologia aplicada foi inicialmente suportada pela coleta de toda a estrutura legal e regulatória nas leis, decretos regulatórios, julgamentos e jurisprudência de cada um dos impostos territoriais, que serviram para executar uma planilha comparativa entre o marco regulatório nacional e local, resultando em muitas diferenças que o Código de Receita não contemplou em termos de estrutura tributária, alíquotas, multas, legalidade e outras questões, que talvez tenham sido mal determinadas. As diferenças coletadas no item anterior foram ordenadas e classificadas por fatores internos e externos, para finalmente estruturar a matriz DOFA e expor, como resultado, as estratégias mais recomendadas ao município de Pupiales na aplicação da proposta do novo Código de Renda e, finalmente, elaborar a respectiva proposta de acordo com as necessidades fiscais do município, sob parâmetros legais e constitucionais.
La investigación de la cual se deriva este artículo tuvo como objetivo, el diseño de una propuesta para la actualización del Código de Renta del municipio de Pupiales, Nariño, que ayude a mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos, lo cual se realizó a través de la determinación de la estructura de los impuestos, tasas y contribuciones de orden municipal y el diagnóstico del estado actual del Código de Rentas del municipio.
La metodología que se aplicó fue soportada inicialmente por la recolección de toda la estructura legal y normativa en leyes, decretos reglamentarios, sentencias y jurisprudencia de cada uno de los tributos de carácter territorial; de la misma manera, al no encontrar en ninguna ley el sustento legal de ciertos tributos, se optó por realizar una serie de consultas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para soportarlos normativamente.
Lo anterior sirvió para realizar una hoja de trabajo comparativa en cuya primera parte se vació la información legal de todos los tributos, dividida por secciones en cuanto a impuestos, tasas, contribuciones, régimen sancionatorio, procedimiento tributario y cobro coactivo. En el segundo segmento se ubicó toda la normatividad encontrada en el Acuerdo 032 de 2012 bajo la misma estructura planteada y, en tercer lugar, se efectuó la comparación entre el marco normativo nacional y local, dando como resultado muchas diferencias que el Código de Rentas en cuanto a estructura tributaria, tarifas, sanciones, legalidad y otros temas, no contemplaba o fueron mal determinadas.
Todas las diferencias que se recolectó en el punto anterior fueron ordenadas y clasificadas mediante factores internos y externos, sobre los cuales se estableció grados de impacto de cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, lo cual permitió construir las matrices del Perfil de Capacidad Interna (PCI) y el Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM) para estructurar finalmente la matriz DOFA y dar como resultado, las estrategias más recomendables al municipio de Pupiales en la aplicación de la propuesta del nuevo Código de Rentas.
Por último, con todo el respaldo normativo en cuanto a la investigación y a los resultados obtenidos, se elaboró la propuesta de un nuevo Código de Rentas acorde a las necesidades fiscales del municipio, bajo los parámetros tanto legales como constitucionales; la propuesta contiene todos los elementos necesarios para ser una herramienta que ayude a la administración tributaria municipal a mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos que tiene bajo su responsabilidad.
La investigación de la cual se derivó este artículo se desarrolló en el marco del paradigma cuantitativo, porque con el desarrollo del trabajo no se buscó una manipulación ni un cambio de la información comparada y recopilada que fue observada por medio del análisis; además, se realizó bajo el enfoque empírico analítico, apoyándose en la observación de la situación actual del Código de Rentas del municipio de Pupiales; a través de las fortalezas y debilidades encontradas se pudo hacer una mejor aplicación del recaudo de los tributos municipales.
La investigación fue descriptiva, dado que se buscó analizar y describir el comportamiento del recaudo de los tributos en Pupiales, al poseer un estatuto de Rentas desactualizado. Igualmente, porque al plantear la realidad tributaria del municipio, se obtuvo la información necesaria de los tributos, contribuyentes y procedimientos del recaudo. Según Sabino (1992), la investigación de tipo descriptivo trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento para obtener información que precise la realidad estudiada.
El método utilizado fue el deductivo, desarrollando un fundamento en el marco teórico; esto hace referencia a que fue de lo general a lo particular, estudiando todos los temas referentes a leyes y normatividad tributaria que se aplicó en la actualización del Código de Rentas. La población para la investigación estuvo conformada por los documentos, leyes, acuerdos y resoluciones de todos los tributos que son materia de estudio para la actualización del Código de Rentas.
El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986.
El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986.
El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989 y
La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989.
Las tasas municipales son las siguientes:
Las contribuciones municipales son las siguientes:
En conclusión, los Consejos Municipales no pueden crear tributos sin que se haya autorizado previamente en una ley y, sobre el tema del impuesto de marcas y Herretes no existe ley alguna que lo autorice para que pueda ser cobrado.
Con las variables recolectadas y el cruce de información entre la Norma Nacional, el Código de Rentas del municipio de Pupiales y la matriz PCI, se identificó las siguientes debilidades:
El Código de Rentas del municipio de Pupiales presenta una falencia importante en temas referentes a que en ciertos tributos como las estampillas Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, no se está estableciendo elementos importantes como el Sujeto Activo, la Base Gravable y el Hecho Generador, como sí se determina en las leyes 397 de 997, 666 de 2001 y 687 de 2001, lo que puede conllevar que este tributo no sea cobrable y que, en casos extremos, al no estar bien definido, el municipio se vea en la obligación de devolver el dinero a aquellos contribuyentes que lo hayan pagado.
En el tema referente a la Base Gravable, el Código de Rentas afirma que se liquidará con el avalúo del año inmediatamente anterior, sin tomar en cuenta que este tributo es un impuesto de vigencia anticipada; que la Ley 44 de 1990 establece que dicha base se determinará con el avalúo del año gravable y que la potestad para determinar esos avalúos está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por otra parte, es válido mencionar que en cada año el Departamento Nacional de Planeación, por medio de decreto, dictamina los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para cada vigencia, como se puede observar en el Decreto 2204 de 2017, en donde se estableció dichos ajustes para la vigencia 2018 y que son determinados con base en el Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior. Finalmente, la Ley 1450 de 2011 menciona que, para poder establecerse el avalúo, se toma en cuenta factores como el estrato, uso de suelo, rango de área, avalúo catastral, entre otros.
El Código de Rentas municipal tiene diferencias notorias con la norma nacional en el sentido de que el hecho generador de este impuesto se basa en la colocación de letreros, vallas o avisos, pero, al citar la norma nacional, se puede observar que el hecho generador se materializa en razón a que serán gravados con este tributo, los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio que fijen avisos, vallas o tableros en cada establecimiento de comercio, razón por la cual es necesario afirmar que en el Código de Rentas del municipio de Pupiales hay confusión y mala definición del hecho generador, en cuanto a que es similar o se parece al hecho generador del Impuesto de Publicidad Exterior Visual determinado en la Ley 140 de 1994. De igual manera, se encuentra dos sentencias del Consejo de Estado (25000-23-27-000-2010-00031-01 de 2013 y 25000-23-27-000-2010-00201-01 del 2014), donde claramente se expresa que el hecho generador es la colocación de vallas u otro tipo de publicidad desde su instalación hasta su retiro y que, para ser entendido como este tipo de impuesto, dicha publicidad debe tener una dimensión igual o superior a 8m2.
En el Sujeto Pasivo de este tributo, también se encontró diferencias notorias, porque el Código de Rentas menciona que serán los contribuyentes del impuesto de industria y comercio los que realicen cualquiera de los hechos generadores en cualquier momento del año; es decir, que instalen avisos, letreros y vallas, pero que, como lo menciona la Ley 14 de 1983, los sujetos pasivos serán todas aquellas personas que realicen actividades comerciales, industriales y de servicios, y que además, anuncien su objeto social mediante un letrero en un espacio al público del respectivo local comercial.
En la base gravable existe una gran diferencia con la norma nacional con relación a que para el Código de Rentas del municipio de Pupiales, el impuesto se liquidará anualmente con el presupuesto y, al finalizar la obra, dicho tributo con base en el valor final de la misma será re-liquidado para luego descontar el valor inicialmente pagado, mientras que la Sentencia 25000-23-27-000-2008-00206-01 de 2016 del Consejo de Estado afirma claramente que dicha base será el presupuesto de la obra de construcción. Aparentemente, la definición encontrada en el Código de Rentas es similar a la de la norma nacional, pero si plantea un posible escenario de lo que se expresa, se encontraría una afectación notoria para el municipio y los contribuyentes. Por ejemplo, un contribuyente decide construir un edificio, cuyo presupuesto es de $3.000.000.000, de los cuales el primer año ejecuta $1.500.000.000; el segundo año $1.000.000.000; el tercer año $600.000.000, y, respectivamente, en cada año pagó el impuesto tal y como lo establece el Código de Rentas. Como se puede evidenciar, la obra final ya no costó $3.000.000.000 sino $3.100.000.000, de los cuales el contribuyente, al finalizar, tendrá que pagar un monto adicional por la diferencia de los $100.000.000 que fue el desfase de la obra, y que de por sí está afectando la capacidad contributiva del sujeto pasivo, al no ajustar la norma nacional como se debe. Ahora bien, si el mismo contribuyente decide construir el mismo edificio, pero al finalizar la obra ésta vale $200.000.000 menos, en este caso el municipio debería devolverle al sujeto pasivo el valor por la diferencia, lo que en primer lugar afectaría las finanzas municipales por todo el dinero que se tenga que devolver y que, por no ajustarse a la norma, el tributo en conclusión no pueda ser viable.
En el Código de Rentas existe confusión en la definición del hecho generador y diferencia con el Artículo 140 de la Ley 488 de 1998, al determinar que este hecho será la circulación de vehículos dentro de la jurisdicción del municipio, mientras que la ley afirma que será la propiedad o posesión de los vehículos gravados. Así las cosas, también se puede establecer que el Código de Rentas no tiene claridad en este tributo porque se asimila con el Impuesto de Circulación de Vehículos de Servicio Público que, particularmente, el municipio no lo cobra y que de manera errada se encuentra mal planeado porque aunque el resto de los elementos del tributo sean iguales con la norma nacional, la sola razón de tener un hecho generador errado, puede conllevar que este tributo sea incobrable por la falta de legalidad en su estructuración.
En este tributo no se determina el sujeto pasivo, con lo cual el Código de Rentas está en contra con la Ley 181 de 1995, en la cual el Artículo 77 menciona que este sujeto será aquella persona que asista al evento o espectáculo público, razón por la cual se puede concluir que este impuesto no solamente no sea cobrable, sino que el municipio se vea en la obligación de devolver dinero.
En este tributo, el Código de Rentas posee una diferencia en el tema referente al Hecho Generador, debido a que solamente recae el tributo sobre las loterías, rifas y obtención de premios; y se hace necesario ampliar el Hecho Generador, porque la Ley 643 de 2001 y la Sentencia C-537 de 1995 de la Corte Constitucional definen que este tributo se aplicará a todo tipo de juegos de suerte y azar dentro de la jurisdicción del municipio.
En el Código de Rentas, el Hecho Generador y el Sujeto Pasivo tienen una gran diferencia respecto a la Norma nacional debido a que, según el código, esta contribución se aplicará única y exclusivamente a contratos de construcción de vías, mientras que la Ley 1006 de 2006 es enfática en determinar que se aplicará sobre todo tipo de contratos de obra pública.
Mediante concepto de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Radicado 2-2018-001588 del 19 de enero de 2018, en el cual se menciona que se desconoce el fundamento de alguna ley de la República que autorice a las entidades territoriales para establecer el tributo de registro de marcas y herretes, motivo por el que, bajo nuestro criterio, este impuesto carece de soporte legal para ser cobrado por las Entidades; además, el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política determina que la potestad para crear tributos es del Congreso de la República, mediante la expedición de leyes.
En conclusión, los Consejos Municipales no pueden crear tributos sin que se haya autorizado previamente en una ley y, sobre el tema del impuesto de marcas y herretes no existe ley alguna que lo autorice para que pueda ser cobrado.
En todos los impuestos, tasas y contribuciones contempladas en el Código de Rentas se puede evidenciar que no existe la determinación del sujeto activo y que, sin importar que por conocimiento general y con base en la Ley 14 de 1983, el municipio de Pupiales está facultado a serlo y suponer que en todos los tributos, el mismo será dicho sujeto, no lo exonera de tener la obligación de estructurar cada tributo de manera correcta y con base en el artículo 338 de la Constitución Política, y así mismo, mencionar que el encargado de la vigilancia, inspección y control, debe ser la Secretaría de Hacienda para que, en casos de demandas, representación y otros procedimientos tributarios, se pueda proceder de manera correcta. Además, el municipio de Pupiales se ve en la obligación de conservar el principio de legalidad determinado en el artículo 150 de la Constitución Política para que, en primera instancia, cada tributo pueda ser viable, legal y correctamente cobrado y que, en casos extremos, evite ser demandado por tener tributos inconstitucionales.
La propuesta de reforma al Código de renta del municipio de Pupiales se basa en los siguientes motivos:
Desde el año 1991 cuando se promulgó la Constitución Política de Colombia, a los entes territoriales como los municipios, se les otorgó cierta autonomía para no depender en gran medida del gobierno central; esto se ve reflejado en el artículo 287 de la Constitución, donde se afirma que todo ente territorial gozará de autonomía para la gestión de sus intereses. En los numerales tres y cuatro determina que estos podrán establecer tributos para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
De la misma manera, el Congreso de la República, por medio de leyes, faculta a los municipios para que en los parámetros legales y constitucionales puedan autosostenerse y obtener recursos propios para el desarrollo de sus presupuestos.
En consecuencia, se puede afirmar inicialmente que existen leyes y la normatividad referente a los tributos municipales y a su gestión en el recaudo para que los entes territoriales como el municipio de Pupiales, cuenten con todas las herramientas, sean eficientes en sus presupuestos y cumplan las metas planeadas; pero, a pesar de eso, los municipios, en la mayoría de los casos, han dejado pasar por alto ciertos elementos importantes como es el tener Códigos de Renta actualizados, basados en la realidad y con todos los soportes jurídicos necesarios.
En este orden de ideas y planteando el problema de la presente exposición de motivos, se ve la necesidad de actualizar en su totalidad el Código de Rentas en cada uno de sus artículos, debido a que, en primer lugar, el municipio de Pupiales, sin conocimiento de causa, puede estar incurriendo en ciertas falencias que, a pesar del buen trabajo, le impida obtener los resultados esperados por tener un estatuto de rentas desactualizado (Acuerdo N° 26 de diciembre 22 de 2012) y que, además, la falta de control en ciertos temas y el desconocimiento de instrumentos a favor de la Administración Municipal, den como resultado que se presente algunos inconvenientes en su presupuesto.
Igualmente, vale la pena aclarar que con el paso de los años han sido expedidas leyes y normatividad que por obvias razones no son incluidas en el actual Código de Rentas y que se configura como una debilidad importante; de la misma manera, factores como la confusión normativa, la extralimitación legal en la aplicabilidad del presente Código de Rentas, así como la carencia de una completa y actualizada estructura normativa, tarifaria, sancionatoria, procedimental y económica, conlleva tener más razones de peso para que pueda ser viable este Proyecto de Acuerdo, con el fin de buscar una mejor eficiencia tributaria que impulse al municipio de Pupiales a establecer estrategias que incrementen el recaudo de los tributos.
Del mismo modo, este Proyecto de Acuerdo, al estar ajustado a la actualidad tributaria del país y ser de funcionalidad para los habitantes del municipio de Pupiales, sirve como referencia desde la óptica económica y social, para dejar un precedente que busque optimizar con alta eficiencia, el recaudo de las rentas en el presupuesto y poder alcanzar todos los proyectos sociales, de infraestructura, educación, salud, vivienda y, satisfacer todas las necesidades básicas insatisfechas en la comunidad del municipio.
En conclusión, todos aquellos recursos propios que se recaude a través del esfuerzo fiscal por parte de la Administración de Pupiales, son primordiales para que pueda existir un desarrollo territorial y cumplir con la finalidad del Artículo 287 de la Constitución Política, al establecer que cada municipio, de conformidad con la ley, puede administrar sus recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, es válido aclarar que el municipio de Pupiales ha recibido, por parte del gobierno central, la responsabilidad del desarrollo dentro de su territorio, por lo que se ve en la obligación de ser autosuficiente y subsistir con recursos propios por medio de políticas adecuadas. Dichas políticas, para la finalidad de sus propios intereses, serán las de poseer un Código de Rentas adecuado que supla las necesidades tributarias y que además dé lineamientos para mejorar el recaudo, evitando que la fuente principal de recursos y de subsistencia, sean las transferencias que el gobierno pueda hacerle.
La propuesta está compuesta por seis capítulos; el primero, referente a las normas generales, que contiene el título 1 referido a los tributos municipales; el segundo, a los impuestos de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros; el título tercero hace referencia al impuesto de publicidad exterior visual; el cuarto, al impuesto unificado de espectáculos públicos; el quinto al impuesto a las rifas y juegos de azar y el sexto y último, al impuesto de alumbrado público.
Las políticas fiscales son establecidas en el presupuesto del Estado, las cuales tienen relación directa con el gasto público y los impuestos que garantizan mantener la estabilidad económica de un país. Para Menjura (2015), la Política Fiscal es la administración de todos los ingresos y gastos del sector público, la cual se debe hacer de una manera eficaz y eficiente. Cárdenas y Vargas (2015) la definen como una herramienta de estabilización macroeconómica, de redistribución del ingreso y de riqueza, utilizada por el Estado (federal, estatal o local), cuyos componentes principales son el gasto público, los impuestos y la deuda pública, llegando a materializarse por medio del presupuesto del Estado.
Otro término a tener en cuenta en la generación de la propuesta fue la obligación tributaria, que para Luchena (2009) es un vínculo donde la hacienda pública será el titular de un derecho de crédito que tienen los particulares frente al Estado. En este sentido, Ossorio (2006) afirma que la obligación tributaria es la forma unilateral en donde el Estado, en ejercicio del poder imperio, exige coactivamente de quienes se encuentran sometidos a su soberanía, sumas de dinero en concepto de contribución o tributo. Finalmente, Zabala (1988) expresa que la obligación tributaria es el vínculo cuya fuente es la ley, que nace en virtud de la ocurrencia de ciertos hechos que en la misma ley se designa y, por el cual, ciertas personas se encuentran en el deber jurídico de entregar al Estado, cantidades de dinero para la satisfacción de las necesidades públicas. Cada uno de estos autores, aunque definen qué es la obligación tributaria desde diferentes puntos de vista, acuerdan que dicho concepto es la relación jurídica entre el Estado como acreedor y el contribuyente como deudor, en donde éste último se ve en la obligación de pagar un monto de dinero por haber realizado el hecho generador de un tributo y cómo, en respaldo de todos estos actos, hay leyes que soportan el actuar de cada una de las partes involucradas.
En Colombia existen ciertos principios constitucionales que soportan legalmente todos los tributos, los cuales dan la garantía de que el sistema tributario en el país cumple con las características necesarias para su funcionamiento. Según Mora y Bernal (2016), estos principios son el fundamento para la creación de nuevas normas jurídicas. Con base en la Constitución Política de Colombia y otros autores, se puede definir algunos, a saber:
Respecto a los tributos, se dice que son los ingresos que obtiene el Estado por medio de aportes obligatorios, de carácter personal y pecuniario a través de la relación jurídica tributaria entre el Sujeto Activo (Estado) y Sujeto pasivo (Contribuyentes). Para Jarach (1943), el tributo está definido como los recursos que se ofrece al Estado para lograr los medios pecuniarios necesarios al desarrollo de sus actividades. Igualmente, la Sentencia C-134 del 25 de febrero de 2009 da aún más claridad en el sentido de afirmar que los tributos, en términos generales, son las prestaciones pecuniarias establecidas por la autoridad estatal, en ejercicio de su poder de imperio, para el cumplimiento de sus fines; en ese mismo sentido, la sentencia define que están clasificados en impuestos, contribuciones y tasas, según la intensidad del poder de coacción y el deber de contribución implícito en cada modalidad.
Dentro de los tributos están los impuestos, definidos como un pago obligatorio que se hace al Estado. En estos existe una clasificación que es aplicada para cada contribuyente bajo diferentes situaciones económicas, adquisitivas y patrimoniales, descrita a continuación:
Para definir el concepto de Tasa y Contribución, se hace necesario tomar como referencia dos sentencias de la Corte Constitucional: la C-545 de 1994 y la C-134 del 25 de 2009, que establecen claramente estos conceptos. En el artículo 338 de la Constitución Política se establece cuál es la finalidad de las mismas.
La propuesta de actualización del Código de Rentas para el municipio de Pupiales es el punto de partida que la Administración Tributaria Municipal necesita. Lo anterior se argumenta porque esta propuesta cuenta con todos los instrumentos legales y normativos que permitirán el aumento considerable del recaudo en cada uno de los tributos. Por otra parte, todas las modificaciones planteadas fueron realizadas pensando en las necesidades no solamente tributarias, sino también jurídicas, con el objetivo de que el municipio de Pupiales tenga una herramienta contundente que le permita diseñar las estrategias adecuadas para gestionar sus intereses de manera adecuada.
Gracias al diagnóstico realizado al actual Código de Rentas (Acuerdo N° 26 de 2012), se logró tener un panorama más claro sobre todas y cada una de las falencias que posee el actual acuerdo; de la misma manera, con la identificación de cada factor crítico y tomando como punto de partida la normatividad referente a los tributos territoriales, se pudo subsanar aquellos vacíos normativos y estructurar una propuesta acorde a las necesidades del municipio.
La autora de este artículo declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses sobre el trabajo presentado.
Cárdenas, G. y Vargas-Hernández, J. (2015). Propuesta para el análisis de la Política Fiscal. Revista de Derecho, 18, 119-138.
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No aplica